Hoteleros, afectados, sindicatos, abogados y ONGs debaten el problema de alquiler de la vivienda en Ibiza

La mesa redonda “Ibiza, una isla en alquiler” cobrará vida el próximo lunes 27 de marzo en Club Diario de Ibiza y servirá para buscar soluciones a este conflicto. La nueva Ley orquestada por el Govern, que pretende legalizar el alquiler turístico en pisos residenciales, será uno de los temas a tratar.

“Ibiza, una isla en alquiler” es el título de la mesa redonda que acogerá el próximo lunes 27 de marzo el Club Diario de Ibiza a las 20,00 horas y que servirá para abordar el conflicto que supone a toda la sociedad de la isla la imposibilidad del acceso a la vivienda para residentes y profesionales de toda índole, acuciado por la oferta ilegal de pisos residenciales como turísticos. La posibilidad de que esta práctica sea legalizada por la nueva Ley que orquesta el Govern Balear será uno de los temas tratados en esta cita que moderará la periodista de Imam Comunicación, Montse Monsalve.

Se trata de una mesa redonda en la que varios expertos analizarán la problemática de los alquileres ilegales y los reveses que supone a la oferta de camas reglada a empresarios que no encuentran mano de obra cualificada que pueda desplazarse a la isla, a ciudadanos que han visto cómo el precio de la vivienda se ha disparado un 30 por ciento en los últimos años y se bloquea en los meses de temporada e incluso a vecinos que acusan las molestias de turistas en edificios residenciales. Un conflicto que se traslada al día a día de los ciudadanos de las Pitiusas “que ven cómo profesionales y funcionarios de sectores como la medicina, la enseñanza, la justicia o la seguridad declinan cubrir las plazas vacantes en la isla por la ausencia de un plus de insularidad como el que sí tienen otras islas, al que se suma el problema de acceso a la vivienda”, sentencian desde la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera que organiza este debate y que matiza que incluso la Unión Europea está estudiando la situación del archipiélago. Precisamente el presidente de la FEHIF, Juanjo Riera, abordará en este foro los problemas que supondría la legalización de viviendas residenciales como turísticas, tal y como contempla el Govern Balear, “que implicaría bajar la calidad de los servicios de los turistas, molestar a vecinos, aplicar la ley con doble rasero en cuanto a servicios que se prestan e impuestos que se abonan y, sobre todo, haría más difícil controlar este tipo de oferta”.

Por su parte el portavoz de la Plataforma Ibiza Afectados por los Alquileres, Luis Gonzaga, desglosará las exigencias de esta plataforma que solicita a las instituciones mano dura con los pisos turísticos ilegales, siendo un altavoz y un termómetro de la sociedad de las Pitiusas. Su discurso irá en la línea de la antítesis que se produce en la isla donde, apunta, “paradójicamente, aquí es más fácil encontrar trabajo que un sitio donde vivir”.

La portavoz de Cáritas Diocesanas en Ibiza, Maite Barchín, abordará de qué forma en los años de la crisis la gente ha optado por alquilar habitaciones para sobrevivir, una práctica que se ha acabado convirtiendo en un negocio. Desde Cáritas afirman que cada vez son más los usuarios que tienen con trabajo y sin vivienda. Según un informe de esta ONG la cuota mensual de los pisos que entre enero y marzo cuestan entre 600 y 900 euros rebasa los 1.500 euros en temporada alta.

Por su parte el portavoz de comunicación del sindicato de policías ASP, Alternativa Sindical de Policía, Carlos Muñoz, ahondará en el paradigma de una isla de lujo y con todos los servicios, pero sin profesionales sanitarios, formativos, jurídicos o de seguridad ya que, sumado a la carestía del nivel de vida en la isla y a que no hay compensaciones por insularidad al mismo nivel que otras islas como Canarias, se une la imposibilidad de encontrar un piso.

Po último el abogado Sergio Carrasco escrutara el problema que supone a la oferta de pisos ilegales “la inacción de las instituciones para combatir las viviendas vacacionales ilegales y la sensación de impunidad que atrae a la isla a especuladores que gestionan un gran número de viviendas”. Según Carrasco “la medida más efectiva es informar a la Agencia Tributaria de Balears de los arrendamientos ilegales”.