Marina Botafoch afronta su futuro inmediato con gran incertidumbre

Los amarristas y gerentes de locales advierten falta de claridad de la Administración por el modelo futuro para este puerto

Amarristas y propietarios de Marina Botafoch asistieron el pasado miércoles a la Asamblea General Ordinaria de la Comunidad de Marina Botafoch, que reúne a los 320 titulares de amarres y 66 titulares de locales de este puerto, para hacer un balance de la situación actual de incertidumbre a la que se enfrentan. Se trata de la Asamblea más multitudinaria de su historia, en la que se dieron cita los titulares más antiguos de este puerto, fundado por Enrique Fajarnés en el año 1987.

En el marco de este encuentro se revisó, además, la gestión económica de la Comunidad, llevada a cabo durante los últimos tres años por los anteriores cargos de la misma, entre los que se encuentra la antigua directora del puerto, quienes el 31 de julio 2018 recibieron sentencia firme que “deslegitimaba su mala praxis obligando a su cese”.

La Asamblea  abordó cómo su escenario de futuro inmediato se presenta incierto, con motivo de la publicación por parte de la Autoridad Portuaria de Baleares, APB, del Concurso Público para la gestión de la Marina prorrogable a un año, y planteó sus dudas sobre cómo continuará y se regulará la prestación de los servicios, a la extinción de la concesión actual,  el 31 de julio, “en mitad de curso de la temporada estival”.

El abogado Carlos Gil de las Heras, en nombre de la Concesionaria, explicó todo el proceso administrativo seguido por la Marina, en su intento de conseguir la prórroga y ampliación de plazo, considerado como el escenario más ventajoso por todos sus usuarios. El abogado explicitó y denunció “el trato discriminatorio y poco riguroso del proceder por parte de la Autoridad Portuaria”, así como también el daño provocado a la generalidad de la comunidad “por las denuncias sistemáticas planteadas por un pequeño grupo de amarristas a este proyecto de prórroga, por asuntos heredados que vienen de años atrás y de lo que eran responsables en cierta medida ellos mismos, o inclusive la propia Administración”.

El abogado advirtió que el criterio que se plantea en las bases concursales de la APB es ante todo económico, “ya que solo incrementa la renta a pagar a la administración portuaria, sin que se requiera mejora ninguna en obras e instalaciones del Puerto, o lo que es lo mismo, en la calidad del servicio y prestaciones que recibirán sus usuarios, al menos en este futuro más inmediato de dos años”.

El abogado manifestó “que el trato preferencial a los amarristas de base que se recoge en los pliegos tiene un alcance muy reducido”.

Los presidentes restituidos de la Comunidad de Titulares del Puerto,  Guy Bosmans y José Ferrer, recibieron el respaldo unánime para su continuidad, aprobándose por mayoría absoluta todas sus propuestas, al tiempo que el director del Puerto, Pepe Roselló, en su rendición de cuentas del trabajo de la concesionaria por los servicios que viene prestando a los titulares, recibió también aplausos, a pesar de ese futuro incierto en el que la Marina se ve inmersa.